Participación Ciudadana (PC) urgió ayer al Tribunal Constitucional (TC) decidir las 16 acciones que tiene pendiente de fallo relativas al voto de “arrastre”, la contribución del Estado a los partidos políticos y otras normas que regirán las primarias internas y las elecciones generales.
Deploró que no obstante la declaratoria de urgencia de esos fallos hecha por el pleno de la alta corte, y de su decisión de celebrar dos audiencias en junio pasado para conocer de esos temas pendientes y poder hacer algún tipo de aporte al proceso electoral, el TC acusa un notable atraso en decidir esas acciones.
“Al menos veinte (20) acciones directas de inconstitucionalidad han sido interpuestas por ante el Tribunal Constitucional sobre la norma que regirá las primarias y elecciones próximas, de las cuales se han decidido cuatro, quedando aún pendiente las dieciséis (16) restantes”, subrayó el movimiento cívico.
Pendientes de fallo. Acciones directas de inconstitucionalidad sobre el voto dominicano en el exterior, el arrastre del senador por los diputados; métodos para escoger candidatos y tipo de padrón; las primarias organizadas por la Junta Central Electoral (JCE) y apropiación de fondos para las mismas.
También las referentes a la obligación de nuevos partidos a ir sin alianzas en el primer proceso electoral en que participen; limitación de la pre-campaña a lo interno de los partidos; obligatoriedad de estar inscrito en un partido para poder ser candidato por él; la reserva de candidaturas y su porcentaje, cuota de género, cuota de juventud, entre otros. Las primarias son en octubre 6.
El TC tiene plazos. Recordó que el Reglamento Jurisdiccional del TC prevé los casos de urgencia que podrán ser declarados en forma casuística por el pleno o por el presidente del organismo, lo que permite que el orden de asignación de casos a las comisiones operativas pueda modificarse para darles prioridad, con la obligación del juez apoderado de presentar el proyecto de sentencia en el más breve plazo posible y cuyo artículo 20 prevé la posibilidad de reducir algunos plazos, siempre que no estén fijados en la ley.
“El TC tiene un plazo de cuatro meses a partir la de la audiencia para decidir los casos, aun aquellos no declarados de urgencia, lo que no se ha podido cumplir pues nueve de los casos han sido sometidos durante el último cuatrimestre del año 2018 y solo cuatro de estos casos han sido fallados”, subrayó PC en un documento. de prensa.
Su responsabilidad
PC coincidió con el presidente del TC Milton Ray Guevara, en el sentido de que la responsabilidad es de los legisladores debido al tiempo que tuvieron esos proyectos en sus manos y lo tardía que ha sido su aprobación, pero afirmó que “ahora es responsabilidad del TC despejar la incertidumbre que la interpretación de disposiciones defectuosas pudiera ocasionar, afectando los procesos electorales”.