Cuando el anterior Tribunal Superior Electoral (TSE) operaba como cámara de gas y caricaturizaba su rol institucional resultaba innecesario que los procesos fueran atacados, bajo el correcto predicamento constitucional de que las decisiones emitidas tenían un carácter definitivo. Por eso, el afanado interés de construir matemáticas y cuotas partidarias que garantizaran sentencias donde la política se impusiera sobre el derecho. Y colorín colorado!
Los esfuerzos desarrollados por la nueva estructura del órgano electoral obstaculizan una lógica de actuación permeada por la agenda de lo partidario que necesita de una argumentación y fundamentación jurídica, y al no imponerse ese criterio, envía una señal de auxilio hacia el Tribunal Constitucional para cocinar decisiones en capacidad de “suplir” los anhelos de la politiquería. Y hacer de la revisión, la muleta revestida de legalidad que entorpece el ritmo de lo pautado por una instancia especializada que observa con decencia ilimitada la vocación por degradar su ámbito de actuación.
No deberíamos olvidarlo, pero el interés de cuatro ex titulares del TSE en mantener un asiento en el órgano electoral refleja la “utilidad” de su desempeño a las causas partidarias que obedecieron. Se sentían con el derecho de ser validados, sin importar que sus horas de desempeño constituyeron pieza de escarnio frente a una sociedad en capacidad de reaccionar si se mantenían en sus puestos. Así, impugnados con bastante razón, desplazan hacia el ordenamiento constitucional toda una red de mañoserías que concentran en su actuación todo un régimen de complicidades insostenibles ética y jurídicamente.
Puede que las nuevas matemáticas en el Tribunal Constitucional conduzcan hacia un mejor equilibrio capaz de generar conciencia alrededor de que, más allá de la personalidad de Milton Ray Guevara, no existe una superioridad del órgano en capacidad de actuar de mecanismo fiscalizador del ordenamiento jurídico. Y es muy sencillo: la mayoría de los miembros del Tribunal Superior Electoral poseen una hoja de vida y experiencia en su área de trabajo que legítimamente pueden sentirse invadidos en su jurisdicción cuando desde el TC pretende darle clasecitas y/o ordenar la naturaleza y correcta ejecución de sus sentencias.
Conozco al detalle los esfuerzos de aproximación, pretendiendo que el día 20 de diciembre la sentencia respecto al caso del PRD y la celebración de un proceso interno para elegir democráticamente sus autoridades se transforme de “revisión a degradación” porque el interés político es que el auxilio dado por una mayoría precaria y retorcida en el Tribunal Constitucional se mantenga contra viento y marea. El problema es que los argumentos, chicanas y “consultas” no terminan de encontrar el camino de una interpretación que impida llenar de oprobio e impugnación a una ciudadanía que, sin importar su conocimiento de la terminología jurídico-electoral, sabe que una favorabilidad 4 contra 1 no puede ser transformada por la arrogancia del TC.
Interesados en degradarlo todo y desconociendo que se torna cuesta arriba burlarse siempre, en el memorial de incidentes que presenta el sector de Miguel Vargas Maldonado, orquestan un listado de 22 testigos para “validar” requerimientos que, antes fueron solicitados por el TSE y acreditados por la JCE, referentes a la legalidad de la “convención”. Lo irónico de los llamados a darle tintes de certeza a una locura, aparecen exactamente en las nóminas de empleados asociados a las instituciones públicas dirigidas por perredeístas. Es decir, entregarle a Franklin Mirabal la decisión de cantar strike en los partidos del Licey, requerirle a los fanáticos de las Águilas que se tornen tranquilos por el actual desempeño del equipo, impedir que los seguidores de las Estrellas no mantengan la esperanza de ganar el actual torneo y mal creer que la familia Rizek puede ser objetiva al momento de decidir sobre los mejores jugadores en el terreno de juego. ¿Acaso creen que los jueces son tarados?

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. De lo que se trata, es de conducir por los rieles de la legalidad 80 años de historia y sacrificios que, degradados por un insulso gestor partidario, tienen toda la esperanza puesta en devolverle al PRD la gloria y respetabilidad perdida. Y para ello, hemos esperado años una sentencia!