Puerto Príncipe, 3 sep.-La reciente ola de inseguridad en Haití genera una amplia condena a nivel social y críticas sobre la falta de acciones gubernamentales para detener la violencia.La Oficina de Protección del Ciudadano (OPC) denunció los enfrentamientos entre grupos armados en la zona de Bel Air, muy cerca del Palacio Nacional, que causaron muerte y destrucción.

El organismo exigió a las autoridades el arresto de los implicados en este acto, que obligó a los residentes a huir de sus viviendas y refugiarse en la principal plaza pública del país.

La OPC señaló directamente al expolicía Jimmy Cherizier, alias Barbacue, junto a la federación de bandas armadas como los autores de los sucesos ‘atroces’ que violan la Constitución y los tratados de derechos humanos ratificados por Haití.

Recordó que los enfrentamientos se iniciaron el sábado último y llegaron a su punto álgido el lunes con el saqueo, quema de casas y vehículos en las calles de Mayard, Candio, Barthelemy y el cruce de Péan.

El presidente Jovenel Moïse calificó los hechos de trauma aterrador y aseguró que dio instrucciones a la policía para frenar la escalada violenta de los últimos días y crear confianza en la población.

No obstante, Pierre Espérance, coordinador de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, señaló que la acción de las bandas ocurre con la supuesta anuencia de las autoridades. El ejecutivo las utiliza ‘para controlar los barrios populosos’, dijo a la prensa.

La pasada semana la inseguridad se disparó en esta capital con el asesinato de dos empresarios, un periodista y un eminente abogado. También el sábado al menos tres personas fueron ultimadas a tiros en Petion Ville y Juvenat.