UNO: EL MAL VIENE DE LEJOS.- Las oportunidades, cuando las pintan calvas, se remedian con cabello. Una peluca de postín. El autoritarismo laico versus el religioso permiten salir a flote situaciones, como el caso de leyes que se aprueban y no se aplican. La Ley de Educación, por ejemplo. La lectura de la Biblia, por igual. La cuenta, sin embargo, no termina en esas dos. También está la que podría llamarse Ley de Duarte. Sancionada el 26 de mayo de 1981, promulgada 31 de octubre de ese año y publicada en la Gaceta Oficial no. 9567. La de la Biblia tiene 18 años y una resolución, no la ley en sí, creó la alharaca que parece bajar en intensidad. La de Duarte es más vieja, la duplica en edad, y nadie parece acordarse de ella. Ni los nacionalistas ni sus contradictores, a pesar de que unos y otros se llenan la boca con el nombre del excelso patricio. Santana fue y sigue siendo némesis de Duarte, y por estos días se trata de sacar al primero del Panteón Nacional, pero no se habla de consagrar mayores glorias al más inmaculado de nuestros próceres. El auténtico Padre de la Patria. Y la culpa no es del tiempo, sino de un falso fervor, de una falta de grandeza, y de actuar con insolencia antes que pureza.

DOS: UN DUARTE OBLIGATORIO.- El artículo primero de la Ley de Duarte hace obligatoria la enseñanza y divulgación de la vida y obra de Juan Pablo Duarte, y especifica que tanto en escuelas públicas como en colegios privados. El segundo encarga a la Secretaría de Educación (hoy Ministerio) de determinar el nivel así como los textos a usarse. La legislación por tanto es clara e imperativa. La enseñanza de Duarte es obligatoria, no optativa, o según el parecer de los padres, como la que establece la lectura de la Biblia. El resultado está a la vista, y se comprueba día a día y por muchos años. El dominicano no sabe mucho de religión, a menos que profese un credo, pero tampoco de Duarte. Solo hay que pensar en lo que fuera hoy el ciudadano dominicano, en cuanto a patriotismo y amor por su tierra, si durante los últimos 37 años  la escuela se hubiera dedicado a fomentar esos valores. Nunca es tarde si la dicha es buena, y buena tiene que ser ahora que la presencia haitiana produce una reacción que conducida adecuadamente consolidaría el alma nacional. Nada mejor para enfrentar la invasión y la intromisión que el pensamiento, la vida y la obra de Duarte. Sin histeria, pero sí con firmeza y determinación. Lo de la Biblia fue discusión ligera, fogata de playa en Semana Santa. Con Duarte no hay que discutir nada, solo aplicarse y aplicar.

TRES: ACUERDOS QUE NO SE CUMPLEN.- No se entiende mucho, y se explica menos, que entre entidades del Estado o del Gobierno se firmen protocolos de asistencia y colaboración. El ciudadano de a pie, e incluso el montado, considera que forman parte de un todo y la ley de cada cual determina su alcance y jurisdicción. Sin embargo, es corriente ver en la prensa a los titulares suscribiendo, aunque nunca aplicando lo acordado. Cada alto puesto trae figuración pública incluida, y esa sería una manera de demostrar que están trabajando. Bien. Vale destacar que en días recientes el Ministro de Educación y el presidente del Tribunal Constitucional cumplieron su parte, aun cuando no se conozcan los detalles. Quise leer el documento, hice la diligencia, pero no me llegó a tiempo. No obstante, el cometido iría a favor de la Carta Magna, de su enseñanza y divulgación en las escuelas públicas, y se supone que también en los colegios privados. No sería una de las tantas leyes que no se aplican, pero sí todo se quedara en la firma,  uno de los tantos acuerdos que no se cumplen. De seguro que la Constitución no se opondrá a que den religión en los centros de estudios, si igual se imparten los principios sustantivos de la nación. Podrían andar de la mano y sin pelear Religión, Duarte y Constitución, contribuyendo a un mejor país.

CUATRO: LA BUROCRACIA TIENE LA PALABRA.- ¿Dónde pues la falla, si se tienen los instrumentos para que la formación del dominicano sea más humana y moralmente sana? Lo primero es el seguimiento. Si una ley no tiene reales dolientes o vivos interesados, después de cumplidos sus requisitos (de aprobación, promulgación y publicación), se pierde para siempre. Habría de producirse una operación rescate, como se intenta con la Ley de Biblia, o podría llevarse a cabo con la Ley de Duarte. Lo mismo podría lograrse con el acuerdo entre el Constitucional y Educación. Los textos deben ser puestos en movimiento, y esa tarea corresponde al ministerio, pues el profesor por decisión propia no podría. Para algo debe servir la Dirección General de Currículo, o el programa de estudios, o las asignaturas o los textos, incluyendo material complementario. La oportunidad se presenta calva y justo será ponerle cabello, aunque sea una peluca, pues el dominicano no puede vivir sin horizonte. Como ahora que le falta Dios, Duarte y la Constitución, todas situaciones resueltas con leyes o acuerdos interinstitucionales. Que no vengan ahora con el cuento de la voluntad política, que esa voluntad existió cuando se aprobaron las leyes y firmó el protocolo. La aplicación sería obra de una decisión menor, pero más efectiva.