POR SANTIAGO UREÑA
El Ministerio de Salud Pública clausuró el matadero municipal de la provincia Montecristi por violaciones a las normas sanitarias.
Según el personal de Salud en varias ocasiones les enviaron comunicaciones sin que el negocio y el ayuntamiento y el alcalde Luisito Méndez hiciera caso a las advertencias de las autoridades de salud ambiental.
El departamento de la dirección general de medicamentos alimentos y productos sanitarios y la dirección provincial de salud de Montecristi procedieron a la clausura del matadero municipal por este no tener las condiciones de higiene necesaria.
La decisión de clausurar del matadero fue tomada por el director provincial de salud, Dr. Demetrio Castro Montolio. Junto al director de supervisión nacional de mataderos del país Daniel Pimentel.
En 2016 este matadero municipal fue declarado en estado de emergencia por el ayuntamiento la cual recibió un cheque en valor 396,000.00 trescientos noventa y seis mil con 00/100 la donación hecha por el ministerio de economía y planificación y desarrollo, la remodelación y acondicionamiento de matadero municipal de san Fernando de Montecristi declarando que no estaba acto para manipular carne que puedan consumir los ciudadanos Montecristeños.
Castro Montolio señalo que por varios años se le dio oportunidad para que mejoraran las condiciones y nunca se le prestó atención, este tiempo dado fue porque había un proyecto para el mejoramiento el cual hasta el momento no se a cumplió.
Un Apunte en la voz de la frontera
El comisionado integral e internacional de los derechos humanos pide que el alcalde LUIS MENDEZ, sea procesado por malversaciones de los fondo del ayuntamiento, Abuso patrimonial a través del uso, apropiación de los bienes de la ciudad por parte de terceros, sin o con consentimiento viciado, así como a través del fraude o la estafa, del engaño y robo de dinero o patrimonio. Generalmente se realiza a través de actos ilegales mediante los que se obtiene la firma de documentos, donaciones y una relación de poder que permite que un tercero actúe en nombre del Ayuntamiento pese a la evidencia de perjuicio.
