LOS ALCARRIZOS.-Familiares de dos jóvenes que resultaron muertos en un  incidente luego de ultimar a otro en un hecho ocurrido el pasado viernes 17 de mes de mayo en Los Alcarrizos, pidieron hoy en una marcha en el municipio donde participaron  organizaciones comunitaria y organismo de  derechos humanos   en apoyo a los familiares, la marcha estuvo custodiada por la  Policía nacional.

Los pariente de los asesinado portando valla,  vociferados consigna pidieron al procurador fiscal de santo domingo oeste investigar la supuesta ejecución de Yordel Aquino Sosa (El Patú), acusan a una  patrulla de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de ejecutarlo luego de estar detenidos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizo la marcha que partió desde la zona franca del sector los americanos  donde aseguraron que existen evidencias de fotos y videos de que una patrulla de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) dejó,  Jonathan Corporan (El Mocano)  en manos de una multitud para que los “linchara”.

“La Policía entregó mi hermano a la multitud para que lo masacraran, él no era manso, pero podía pagar por los que cometió. Yo espero que los que aparecen en el video paguen”, manifestó una hermanda de El Mocano.

 El informe del caso detalla que “El Mocano” y “El Patú” fueron perseguidos por una patrulla luego de estos ultimar a tiros al nombrado Noryies Fidel Méndez (El Pinto), con quien supuestamente mantenían una riña por asuntos relacionados al microtráfico.

 Pide intervención Presidente Danilo Medina para evitar desalojos ilegales llevados a cabo en diferentes sectores de los alcarrizos 

Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, juntas de vecinos, clubes de madres, iglesias evangélicas, grupos profesionales y gremios estudiantiles solicitaron este viernes la valiosa intervención del Presidente Danilo medina Sánchez, para evitar que el empresario Juan Molla con su socio Isidro Díaz Ángeles, cometa un frutal desalojo ilegal que dejaría cientos de familias desplazadas de sus hogares.
Las familias que hoy viven en pánico, señalaron que llevan varias décadas ocupando una porción de terreno en la parcela 63-E- D.C.12, propiedad del Estado dominicano, sin embargo, refieren que el poderoso empresario utiliza argumento falso para tratar de apoderarse de los terrenos, generando un gran atentado contra la dignidad humana.
Los señores juan Brito y Dolores Ricart- presidentes de las Juntas de Vecinos Santa Bárbara dos y uno, actuando como voceros de las comunidades, condenaron de antemano las malas intenciones referentes a que en dicho lugar se pueda producir un desplazamiento de familias de escasos recursos dejadas a la intemperie sin hogares.