SANTO DOMINGO.- Participación Ciudadana pidió hoy al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, presentar renuncia a ese cargo, y de no hacerlo, exhortó a los legisladores de ese hemiciclo, someterlo a un juicio político por supuestamente descalificar la ley de declaración jurada de patrimonio.
“El señor Camacho ha perdido la legitimidad indispensable para ser un representante de la población y la calidad moral para poder llamar al orden a sus colegas diputados, al restarle importancia al cumplimiento de una de las leyes fundamentales para controlar el patrimonio de los funcionarios públicos”, dijo el movimiento.
En ese sentido, agregó que esto explica por qué Camacho no ha presentado su declaración jurada de bienes en los tiempos y contenido que ordena la ley, consideró la coordinadora general del movimiento, Miriam Díaz Santana.
Calificó de “vergonzosas” las declaraciones en las que Camacho tildó de “vaina” el cumplimiento de la ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio.
“Permitir que esto ocurra sin consecuencias, sería continuar por el peligroso sendero de la deslegitimación de nuestras instituciones y, además, estimula a otros a comportarse con la desvergüenza y la falta de respeto que constantemente exhibe este personaje”, expuso la coordinadora de PC.
Consideró que comportamientos como los de Camacho son los que causan que el Congreso Nacional aparezca en las encuestas como una de las instituciones con más baja credibilidad.
Díaz Santana afirmó que la última declaración de patrimonio de Camacho fue presentada el 10 de octubre de 2010, fuera del plazo legal, y con serios errores que le obligaron a rectificar valores contenidos en dicho documento.
“El señor Camacho debió presentar su última declaración cuando fue reelecto diputado, en mayo de 2016, pero, a pesar de las denuncias públicas de incumplimiento por parte del Centro Juan XXIII, y de varios medios de comunicación, ocho años después no lo ha hecho”, se lamentó.
En ese orden, dijo que pese a esto, Camacho fue elegido presidente de la Cámara de Diputados con el apoyo del presidente Danilo Medina, “ejemplo que reitera el menosprecio por la institucionalidad y las leyes en la República Dominicana”, ya que bastaría con la violación de una ley para inhabilitarlo.
