on los ojos llorosos y cabizbajo, abandonó la sala de audiencia el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, después de que la jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional lo envió a prisión por 18 meses, bajo la acusación de presuntos acto de corrupción durante su gestión.

Tan pronto el tribunal presidido por la magistrada Kenya Romero emitió su decisión, el ex procurador fue trasladado junto a otros imputados en fila india bajo estrictas medidas de seguridad a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, hasta tanto se ejecute su traslado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.

Otros a encierro
Junto al ex procurador pernotarán en el recinto carcelario por ese periodo Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto y Javier Alejandro Forteza por su vinculación en el entramado de corrupción denominado Medusa.

Mientras Alain Rodríguez era traslado del tribunal a la cárcel de paso con chaleco antibala y casco protector, se pudo observar que este iba cabizbajo, contrario a los demás imputados.

Las motivaciones de forma oral que tuvo la jueza para dictar la medida preventiva a Alain Rodríguez se basaron en los parámetros de la existencia de riesgo de sustraerse del proceso, debido al alto perfil de la función institucional que anteriormente este desempeñaba como funcionario público.

Según la magistrada Romero, de tales funciones se “desprende posición de mando que pone en riesgo potencial la obstaculización de los medios de prueba”, por lo que los arraigos sociales y patrimoniales ofertados permiten identificar en estado de latencia las facilidades para sustraerse del proceso de cara al contexto planteado.

En el caso de Forteza Ibarra, la jueza alegó que “se desprende riesgo para los medios de prueba vinculados a su expertiz de técnico en el área de tecnologías de la información”. En el caso figura prófugo Rafael Stefano Canó Sacco.

Asimismo, la jueza en su decisión impuso arresto domiciliario en sus respectivas residencias a los imputados Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña y Rafael Antonio Mercedes Marte, por un periodo de 18 meses, a quienes además les colocó  impedimento de salida del país sin previa autorización judicial.

El tribunal tomó en cuenta para esta decisión que los imputados no representan un riesgo en la investigación o los medios de prueba, ya que su acceso resulta precario, por lo que es posible que se puedan presentar al proceso sujetos a una medida distinta a la solicitada por el Ministerio Público de prisión preventiva.

Garantía y otras
Igualmente, la jueza Kenya Romero, impuso al imputado José Miguel Moya el pago de una garantía económica  ascendente a la suma de un millón de pesos en la modalidad de contrato, a través de una compañía  aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica ante el Ministerio Público investigador.