El Tribunal Constitucional conocerá el 19 de noviembre tres de las Acciones de Inconstitucionalidad que han sido sometidas contra la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que fue promulgada el 13 de agosto de 2018.
Las acciones de inconstitucionalidad serán conocidas en audiencia pública que celebrará la Corte Constitucional, ese día, en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia.
Una de las Acciones de Inconstitucionalidad fue presentada por los abogados y periodistas Namphi A. Rodríguez y Héctor Herrera Cabral, y la Fundación Prensa y Derecho, INC, contra el artículo 44, numeral 6, de la Ley 33-18, el 12 de septiembre.
Otra instancia la sometieron los abogados José Alejandro Ogando y José Alejandro Faneyte, en contra de los artículos 8 y 54, de la legislación.
También será ventilada en audiencia pública la Acción de Inconstitucionalidad sometida por los abogados Juan Jesús de Peña Ventura, Pascual Guzmán y José Ramón Ovalle Vicente, en contra del párrafo III, del artículo 45 de la norma legal.
La Ley de Partidos Políticos tiene menos de cuatro meses de promulgada y ya ha sido objeto de 8 impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, por parte de partidos políticos de oposición, dirigentes intermedios del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fundación Prensa y Derecho y varios abogados.
“Ley mordaza”
Los abogados y periodistas Namphi A. Rodríguez y Héctor Herrera Cabral y la Fundación Prensa y Derecho, Inc., cuestionan el artículo 44, numeral 6, de la ley, que castiga con penas la divulgación de “mensajes negativos” en las redes sociales.
Ese artículo, que establece una serie de prohibiciones en la precampaña, restringe en el numeral 6: “La difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos”.
La norma dispone que será sancionada esa infracción en base a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que contempla los delitos de difamación e injuria a través de los medios electrónicos, informáticos, telecomunicaciones o audiovisuales y contempla penas de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.
Derecho a la igualdad
Los abogados José Ogando y José Faneyte impugnaron los artículos 8 y 54 de la ley, que contemplan la renuncia automática de filiación y la cuota de la juventud.
Consideran que el artículo 54, que manda a otorgar una cuota de un 10 a un 35% de las propuestas de candidatura a la juventud, viola el derecho a la igualdad y el derecho a elegir y ser elegido contemplado en la Constitución.
Creen también que es inconstitucional y violatoria de derechos, el artículo 8 de la Ley 33-18 que contempla la renuncia de la filiación automática.
Mientras, el párrafo, del artículo 45, que fue impugnado por Peña Ventura, Guzmán y Ovalle Vicente, otorga facultad a la cúpula de los partidos para escoger el método de elección de los candidatos.
